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Presentan iniciativa para juzgar por corrupción al presidente de México durante y después de su mandato

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Una iniciativa de reforma a la Constitución Política mexicana plantea que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser sujeto de juicio político, esto es responsabilizarlo por delitos de corrupción o cualquier otra violación a las leyes.

La iniciativa propuesta por un grupo de Senadores del Partido Acción Nacional plantea la reforma de los artículos 108 y 110 de la Carta Magna mexicana, que este año ha celebrado su primer siglo de existencia.

En ese documento rector de las leyes mexicanas, se da un “trato especial” al Presidente, al quedar excluido de hacerlo responsable por infringir las normas y pagar por ello, como sucede con el resto de los servidores públicos.

Los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo, Ernesto Ruffo, Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez son los autores de la iniciativa de reforma.

La propuesta de consiste en juzgar al presidente por delitos a la constitución y sus leyes durante su encargo o incluso en un periodo de tres años a partir de haber dejado el cargo.

“Se debe poner sobre la mesa que el presidente responda por violaciones a la Constitución, así como a leyes federales y ser sujeto de juicio político, como cualquier otro funcionario público”, sostuvieron los senadores en rueda de prensa.

En México, de acuerdo con la iniciativa, el presidente sólo puede ser responsable penalmente, no tiene responsabilidad política, algo que buscan cambiar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El mayor escándalo de este gobierno es la corrupción y “su madrastra” la impunidad, afirmó Romero Hicks. Entre otros casos, por el Tren México-Querétaro, la Casa Blanca, Grupo Higa, Odebrecht, el socavón Exprés de Cuernavaca…

“Por casos de menor gravedad cayeron el presidente y la vicepresidenta de Guatemala y la presidenta Dilma Roussef, en Brasil”, sostuvo Juan Carlos Romero.

México, sostiene la iniciativa, es más parecido a Venezuela y Cuba, al ser las únicas naciones que no tienen el delito de juicio político al presidente en sus legislaciones, a diferencia de Brasil y Argentina.
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