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Juez prohibe a la FEPADE cualquier intento de detención en contra de Lozoya.

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Un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que llame a declarar a Emilio Lozoya como imputado en la investigación del supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.


Fue el Juzgado Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México el que concedió este lunes al ex director de Pemex la suspensión definitiva para ese propósito y también permiten a sus abogados a tener acceso a la carpeta de investigación en su contra.

Además de esto, se prohibió a la Fepade “judicializar la carpeta de investigación”, lo que significa que, suspendió por tiempo indefinido cualquier intento de solicitud de aprehensión o de audiencia inicial contra el ex funcionario por delito electoral.

“Se concede a Emilio Ricardo Lozoya Austin la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados consistentes en la omisión de citarlo a rendir entrevista en su carácter de imputado, así como la omisión de dar acceso al quejoso o a sus abogados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017.

“Requiérase a la citada autoridad para que dentro de un plazo de 24 horas, contado a partir de que conste en su poder el comunicado que derive de este acuerdo, informe el cumplimiento dado a la medida suspensional decretada”, señala el resolutivo firmado por Iván Martínez García, secretario en funciones de juez.

De acuerdo con la determinación judicial, “esta suspensión no paraliza la investigación y la Fepade podrá continuar investigando a Lozoya, aunque de momento sin llevarlo a los tribunales para enfrentar un posible proceso”.

Cabe señalar que la resolución también establece que la Fepade debe dar un informe al juzgado de amparo sobre las diligencias que tuvieron verificativo después del plazo de 24 horas impuesto para cumplir con la suspensión definitiva.

En el juzgado, desde ayer por la tarde se instruyó a un actuario para notificar a la Fiscalía. Cabe señalar que si la notificación fue de inmediato, el plazo de cumplimiento vencería a lo largo de este martes.

De no cumplir con el mandato, señala el juzgado, “la autoridad ministerial estaría incurriendo en una violación a la Ley de Amparo, que es penada con 3 a 9 años de prisión y una multa de 50 a 500 días de salario, así como con la destitución e inhabilitación del cargo público”.

Fuente:  Revolución 3.0
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