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Chiapas: “Si éramos pobres, ahora estamos peor”

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Fundada por el primero, único y último reducto zapatista en Chiapas en 1922, la colonia agrícola Emiliano Zapata había venido, cada vez más, de menos a peor, pero el sismo del pasado 7 de septiembre de 8.2 grados Richter la dejó devastada por completo.

Lejos estaba el general Rafael Cal y Mayor Gurría al imaginar que fundaría un pueblo próspero en aquellas cuatro mil 500 hectáreas de la Finca San Nicolás, la cual compró el gobierno de Álvaro Obregón para repartirla entre sus soldados que pelearon en este estado durante la Revolución Mexicana.

Empobrecida cada vez más por la baja producción de sus tierras dedicadas a la agricultura, y a la ganadería que está a pique, el sismo terminó por dejarlos en la miseria.

Viviendo bajo los árboles, en chozas improvisadas con plásticos o hacinados en casa de sus vecinos y familiares, sobreviven ahora los hijos y nietos de los soldados que enarbolaron el Plan de Ayala en este rincón del país.

De entre los escombros de sus casas sacan las viejas y decoloradas fotografias de quienes fundaron esta comunidad hace casi 100 años.  “Mi padre fue zapatista”, dice doña Sofía Trinidad, de 85 años. Apoyada de un bastón, abraza la foto en blanco y negro de quien fuera su padre, Manuel Trinidad, metido en la revuelta.

Esta mujer vivía sola en su casa de más de 50 años. De adobe, con techo de teja de barro, hoy está a punto de caer en pedazos. Lo que el fuerte sismo no hizo las más de 7 mil réplicas sí, desprendiendo tejas y vigas.

A más de un mes del sismo, la maquinaria prometida por el gobierno para demoler las casas en esta comunidad no ha llegado. Unas personas revisaron las viviendas de manera superficial y les dejaron una hoja con membrete de la “Sedatu” (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) con información escueta de los daños en sus casas y de sus propietarios. No saben qué va pasar. Siguen en la incertidumbre. En la espera diaria.

Aquí los habitantes saben de noticias sobre que llegan víveres o ayuda humanitaria en otras entidades. También oyen que el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, han visitado localidades, como Paredón, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y Benito Juárez. Si bien en los primeros días los damnificados recibieron despensas del Sistema Nacional DIF, Protección Civil y la Marina, ahora ya no llega nada.

“Si eramos pobres, ahora estamos peor porque ni casa tenemos”, dice doña Yolanda Arce, de unos 80 años, también hija de alzados zapatistas.

Con la diabetes que le cobra la factura de los años vividos, bastón en mano, lentes oscuros para ocultar su ceguera, se abraza a su esposo postrado en una silla de ruedas.

En esta comunidad son las personas de 70 años o más las que peor sufren la tragedia que trajo el sismo. Habituados a tener una vida en su propio hogar, ahora se sienten una carga para sus hijos. Otros más se aferran a lo que fue su casa, porque, como en casi todas las localidades chiapanecas afectadas por el terremoto, no se fueron a los albergues. De las 322 casas dañadas, más de 40 ya no son aptas para ser rehabilitadas y tendrán que ser demolidas.

Otro ejemplo del caos: alrededor de 20 familias se refugiaron un mes en la escuela primaria que lleva el nombre del general zapatista, pero al mismo tiempo los niños en esta comunidad no han tenido clases. “Y esto ya es un problema social”, dice José Antonio Roque Cal y Mayor, agente municipal de la comunidad.

Aun cuando están a siete kilómetros de la cabecera municipal, en esta localidad los damnificados se sienten abandonados, olvidados por todas las autoridades. A poco más de un mes del sismo, ni siquiera el presidente municipal, Enrique Arreola, ha puesto un pie en este lugar. Su molestia, creen, se debe a que el alcalde es del PRI y en esta comundiad la mayoría votó por el Partido Verde en las pasadas elecciones.

“Pero ni las máquinas ni las tarjetas con los recursos llegan”, dicen los habitantes al referirse a la ayuda ofrecida por Peña Nieto.

Las tandas del presidente

El secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, al hacer un corte de las afectaciones en el estado, reportó la existencia de 1 millón 479 mil 575 personas damnificadas.

El número de casas afectadas es superior a 60 mil; de ellas, unas 41 mil 569 tienen daños parciales, 16 mil 796 afectaciones totales y cerca de 5 mil han comenzado a ser demolidas. Están pendientes otras 11 mil viviendas que serán sometidas a una segunda evaluación de daños.

En cuento a la infraestructura educativa, unas 2 mil 286 escuelas resultaron afectadas; de ellas, 2 mil 173 tienen daños parciales y 113 deberán ser reconstruidas. Hubo 194 edificios públicos gubernamentales dañados, 462 iglesias, 330 tramos carreteros, 68 puentes, 658 negocios o empresas comerciales. También hubo destrucciones en sistemas de agua potable y en el alcantarillado.

El viernes 6 de octubre fue la visita más reciente del presidente Enrique Peña Nieto a Chiapas. Estuvo en la comunidad de Benito Juárez, del municipio de Villaflores. Ahí empezó a repartir las primeras tarjetas de débito para los damnificados. Hasta 120 mil pesos para los que perdieron sus viviendas por completo y hasta 30 mil pesos para los que nada más tengan que rehabilitarla.

Causó polémica la sugerencia dada por el presidente: “He pensado que en grupos de cuatro o cinco familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que, de forma conjunta, vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo.

“Estos grupos de cuatro o cinco familias si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan cuatro familias y deciden entre todos construir una primera casa, luego la que sigue, la que sigue y así las cuatro casas (…) creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas.”

Reclamo de constructores

A las denuncias de los damnificados contra los gobiernos federal y estatal se han sumado los reclamos de los empresarios, constructores, proveedores, contratistas y organizaciones civiles que piden que la obra pública que se va a hacer en esta emergencia sea repartida entre las empresas chiapanecas para reactivar la economía local.

De manera particular, la delegación Chiapas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, encabezada por José Luis Acosta González, le exige al gobernador Velasco Coello designar proyectos para sus 500 agremiados.

“Estamos pasando por situaciones económicas muy difíciles por la falta de compromisos de los funcionarios. Tenemos la experiencia y la capacidad para realizar los trabajos que en este momento se requieren”, expusieron los constructores en una carta enviada al mandatario estatal.

En otro frente, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Efraín Gurría Penagos, congregó a más de 20 organizaciones de empresarios, transportistas, proveedores y a productores del campo para demandar al gobernador que la obra pública no salga del estado y “que no se beneficie a compañías foráneas”.

En ese mismo sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, David Zamora, demandó ya en varias ocasionas la reactivación de la economía estatal. También pidió frenar la destabilización social causada por marchas, protestas, bloqueos de carreteras, invasiones de ranchos y otros incidentes que desalientan la inversión en la entidad.

Pero según el secretario de Obra Pública y Comunicaciones de la entidad, Jorge Alberto Betancourt Esponda, habrá trabajo para todos los empresarios chiapanecos en la reconstrucción de caminos, puentes y edificios públicos que representan en su conjunto un monto cercano a los mil 500 millones de pesos. En general, consideró el funcionario, la reconstrucción en la entidad podría rondar los 4 mil 500 millones de pesos.

Tanto el gobierno federal, mediante la Sedesol, como el gobierno chiapaneco, a través del Poder Legislativo, han exhortado a los alcaldes de los municipios dañados que “reorienten” para la reconstrucción todos los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura.

Los alcaldes tienen la orden de dar prioridad a las obras de las viviendas con daño parcial o total, de infraestructura social básica, así como de la red de drenaje, agua potable y electrificaciones.

Viene más deuda

Otro problema que se le avecina para el estado es la solicitud de más deuda para enfrentar la crisis. El 3 de octubre, el Congreso le autorizó al gobierno de Manuel Velasco la adquisición de hasta 995 millones de pesos con Banobras.

Durante la anterior administración, con Juan Sabines, el estado acumuló un saldo de 20 mil millones de pesos en deuda. A casi cinco años del gobierno de Velasco, la entidad federativa apenas ha logrado pagar unos 2 mil millones de pesos.

Sobre la crisis y la manera de financiar la reconstrucción, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal y presidente del Partido Verde local, Eduardo Ramírez, propuso retirarle a los partidos el financiamiento público para 2018.

Ésa es otra batalla, ahora legislativa, que está por librarse en Chiapas. Pues aunque el estado ya legisló cero recursos del erario para los partidos políticos, es un asunto que podría ser impugnado y revertido por el Poder Judicial de la Federación si algún personaje político así lo promueve.
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